El sistema internacional atraviesa un proceso de reconfiguración hacia una estructura cada vez más compleja, donde la concepción clásica de soberanía nacional centrada en territorio y fronteras, es insuficiente.

La emergencia de múltiples centros de influencia, globales e intermedios, con capacidades económicas, tecnológicas, militares y normativas diferenciadas, coexisten con espacios de cooperación heredados de la globalización que se mantienen aunque cada vez más fragmentados, lo cual hace que las condiciones en las cuales los Estados ejercen su soberanía, se estén ajustando.

La interdependencia económica, la dependencia tecnológica, la gobernanza de los datos, la transición energética y la competencia por recursos estratégicos han ampliado el alcance de las decisiones soberanas. En consecuencia, la soberanía contemporánea depende cada vez más de la capacidad nacional o regional para negociar en escenarios multilaterales y fortalecer la autonomía en sectores estratégicos.

Para América Latina, este contexto representa una oportunidad para diversificar sus relaciones internacionales y posicionar sus intereses, pero plantea serios desafíos frente a las presiones de actores externos con gran capacidad de socavar su soberanía.Desde amenazas territoriales como las planteadas en estrategias de defensa[1], que son muy reales y vigentes como lo ha vivió Venezuela; pasando por la intromisión directa[2] o indirecta[3] en elecciones de parte de las potencias; hasta la inversión extranjera que mal planteada por parte de cada país puede generar efectos negativos[4], como el debilitamiento de industrias nacionales frente a transnacionales, o la caída en trampas de deuda como lo hemos experimentado en Latam por décadas[5].

Más que una noción absoluta, la soberanía actualmente se presenta como la capacidad efectiva de los Estados para gestionar sus recursos estratégicos, participar en la elaboración de normas internacionales y diversificar sus alianzas fortaleciendo sus intereses fundamentales. El fortalecimiento institucional, la cooperación regional, la innovación tecnológica y el desarrollo de capacidades nacionales aparecen, así, como elementos centrales para que los países latinoamericanos puedan desempeñar un papel más autónomo y propositivo dentro del nuevo orden geopolítico.

A estas transformaciones se suman desafíos relacionados con la seguridad y la gobernanza regional. El crimen organizado transnacional, los flujos migratorios, el cambio climático, las amenazas cibernéticas y las pandemias evidencian que numerosos problemas públicos desbordan la capacidad de acción de los Estados de manera individual. La respuesta a estos fenómenos exige mecanismos de cooperación regional e internacional que, si bien implican compartir competencias o coordinar políticas, no necesariamente representan una pérdida de soberanía, sino una adaptación de su ejercicio a un entorno de interdependencia.

En este contexto, el principal reto para América Latina consiste en construir una concepción de soberanía compatible con un sistema internacional caracterizado por la competencia estratégica, la integración económica y la creciente relevancia de los bienes públicos globales.